YA TENEMOS LAS FINANZAS PÚBLICAS REORDENADAS, ¿Y AHORA QUÉ? (Segunda y última Parte)

YA TENEMOS LAS FINANZAS PÚBLICAS REORDENADAS, ¿Y AHORA QUÉ? (Segunda y última Parte)

ENRIQUE ÁLVAREZ NAVARRO

– Deuda Estatal como Porcentaje de Transferencias del Ramo 28 (Participaciones Federales). Durante el periodo comprendido entre los años 2016 y 2017, el indicador saldo de la deuda estatal como porcentaje de las participaciones federales presenta una tendencia creciente, pasando de 68 en 2016 a 74 por ciento en 2017, lo que equivale a un aumento de 6 puntos porcentuales, aunque se ubica por abajo del promedio nacional que alcanzó el 79.3 por ciento. Con ello se acentúa la dependencia financiera del gobierno estatal con la federación, como puede apreciarse en la información estadística adjunta, donde se establece en el Presupuesto de Egresos del Gobierno (2018) la dependencia de cerca del 90 % son recursos federales y solamente cerca son del 9 %, son recursos propios. (Grafica 2)

FUENTE: SEPLAFIN, Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, “Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal, 2018”. Elaboración Enrique Álvarez Navarro, “Colima: Agenda Estadística para la Competitividad”.

-Tasa de Interés Promedio Ponderada. Que pagan las entidades federativas de México, es otro de los indicadores que permite evaluar el saldo de las obligaciones con punto rojo, el informe del CEFP, establece que al 31 de diciembre de 2017, las entidades con la tasa de interés promedio ponderada más elevado son Nayarit con 9.6 por ciento; le siguen COLIMA y Quintana Roo con 9.2 por ciento, Coahuila con 8.9 por ciento, y Morelos con 8.2 por ciento, respectivamente.

Es decir, en el lapso de 2016 y 2017, nuestro estado se ubicó en el no muy cómodo 2° lugar nacional como una de las entidades con una tasa de interés promedio ponderada muy elevada, ya que aumentó de 7.8 en 2016 a 9.2 por ciento en 2017, por arriba del promedio nacional que fue de 8.1 por ciento en 2017, refiere el registro Público Único de Financiamiento y Obligaciones de Estados y Municipios.

Debilidades en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR)

El diagnóstico de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR), establece que la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) del Gobierno del Estado de Colima, cuenta con capacidades limitadas para el desarrollo de la función; falta una adecuada estructura programática del gasto de calidad; falta de claridad en los proyectos del Plan Estatal de Desarrollo y en el Presupuesto de Egresos del Gobierno Estatal; no cuenta con mecanismos rigurosos de evaluación ex ante y priorización de proyectos de inversión pública estatal productiva; ni de evaluación de diseño, de procesos, de impacto, de consistencia y resultados; el concepto de “evaluación” limitado al seguimiento del gasto público; insuficiencia en el sistema de indicadores de desempeño (SED); falta de definición de metas de resultados.

El Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Colima (2016-2021), no está debidamente instrumentado ya que carece de programas (sectoriales, regionales, institucionales y especiales), de conformidad con lo señalado en el artículo 52 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima (2016); a la fecha no se han realizado la debidas evaluaciones externas del PED a casi dos años de su aprobación; no hay integración plan-presupuesto; falta planeación estratégica del gasto y una correcta aplicación de la Matriz de Resultado (MIR) que está diseñada bajo la Metodología del Marco Lógico; insuficiencia de lineamientos y metodologías de planificación y presupuesto basado en resultados (PbR); no cuenta con instrumentos eficientes de administración de información del desempeño, y existe baja interacción usuarios y productores.

El secretario de la SEPLAFIN, Carlos Arturo Noriega García, al parecer se guía únicamente por la prudencia (equilibrio), el blindaje del sistema financiero estatal, pero soslaya o minimiza las funciones importantes del Sistema Estatal de Planeación Democrática, de ahí la interrogante: Ya tenemos las finanzas públicas reordenadas, ¿y ahora qué?

Urge mejorar la calidad del gasto público

En mi opinión, se requiere aumentar la inversión pública (estatal) productiva para fortalecer e impulsar el desarrollo económico y social; estudiar el costo – beneficio y los análisis de impactos de los programas presupuestarios; realizar un proceso integral de planeación de la hacienda estatal de acuerdo a los principios y reglas establecidos en la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima (2015), en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, la Ley de Deuda Pública del Estado de Colima, y la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios (2016); incrementar la capacidad para diseñar, elaborar y ejecutar instrumentos y mecanismos para el aumento de ingresos propios; aumentar la búsqueda de fuentes de financiamiento alterno como las Asociaciones Público-Privadas (APPs), con proyectos estratégicos debidamente consensuados y validados por la sociedad civil; crear un área encargada de la evaluación de los proyectos de inversión pública productiva para determinar su viabilidad, así como las fuentes de financiamiento.

FUENTE: SHCP, “Obligaciones Financieras de los Estados y Municipios como Proporción del PIBE, 2007-2017”. Elaboración Enrique Álvarez Navarro, “Colima: Agenda Estadística para la Competitividad”.

Rediseñar una estrategia para mejorar la gestión del gasto público estatal con el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), es decir, se requiere que la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN) del Gobierno del Estado, rediseñe una estrategia que vincule entre el proceso presupuestario y las actividades de planeación, programación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y programas, así como de las propias instituciones públicas para eficientar, transparentar la rendición de cuentas del gasto administrativo y de operación gubernamental: promover las condiciones para el desarrollo económico y social, y sobre todo, generar una mayor impacto de la acción del gobierno en el bienestar de la población.

Se observa en los pocos indicadores económicos disponibles del bienio 2016-2017, que se comportan por debajo de los esperado, así como también evidencian la ausencia de una política económica estatal que marque el rumbo que debe seguir el estado y que dé respuestas contundentes a situaciones económicas adversas, como las que se enfrentan en la actualidad.

Grandes retos tiene el gobierno estatal en materia de finanzas públicas, las cuales tiene que enfrentar y resolver de modo eficiente y urgente para darle al gasto público estatal algo que hoy no tiene: capacidad para influir en el desarrollo del estado.

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