Gestión del agua: en el ojo del debate público

Gestión del agua: en el ojo del debate público

Por Karla Navarro

Ensenada, Baja California. 26 de julio de 2018 (Agencia Informativa Conacyt).- La agudización de la escasez de agua a nivel nacional e internacional ha generado un interés masivo por parte de la ciudadanía, que se encuentra a la expectativa de cada decisión que se toma en cuanto a la gestión del recurso.

Por medio de 10 decretos presidenciales, el 6 de junio del presente año, en 31 de las 37 cuencas hidrológicas que hay en México, se modificó su estatus de zonas de veda a zonas de reserva.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda), en su postura en torno a los decretos, menciona que la Ley de Aguas Nacionales define como zonas de reserva aquellas “áreas específicas de los acuíferos, cuencas hidrológicas o regiones hidrológicas, en las cuales se establecen limitaciones en la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas disponibles”.

Y agrega que este instrumento se establece con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación o preservación o cuando el Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública.

El anuncio de los decretos motivó un debate que intensificó en la opinión pública la posibilidad de la privatización del agua, pero ¿qué implicaciones advierten los especialistas respecto a los 10 decretos presidenciales?

El Colegio de Biólogos de México (CBM) señala que antes de los decretos se tenían 289 mil 793.596 millones de metros cúbicos de agua en estatus de protección en toda la república; tras los decretos del 6 de junio, se liberó 67 por ciento del agua para destinarlo a la propia conservación del caudal y al uso público urbano; de otra proporción del agua no se especificó su destino.

“Aquí debemos tener presente que el agua de las cuencas no aumenta o decrece, sino que sigue fluyendo bajo las condiciones establecidas en el decreto de veda, exactamente de la misma forma en que fluye bajo las condiciones de los decretos de reserva, y esto es cierto al menos para el caudal ecológico calculado para fines de conservación. Por ello no vemos razones de orden técnico relevantes que distingan entre el estatus de veda y el de reserva, al menos en cuanto a la seguridad del caudal ecológico”, apunta el CBM.

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt, la doctora Mariana Villada Canela, especialista del Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO) de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y miembro del cuerpo académico Agua y Ambiente, refirió que las reservas de agua son un instrumento cuya aplicación se contempla desde el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 y el Plan Nacional Hídrico (PNH) 2014-2018.

“Legalmente se ha actuado en acuerdo con los procedimientos posibles, pero existen dudas respecto a si los estudios de disponibilidad están reportando los datos más aproximados, precisos, reales o confiables para estimar la cantidad de agua que sí está disponible”.

La investigadora del IIO puntualiza que cambiar el estatus de veda a reserva tiene múltiples implicaciones jurídicas, sobre todo si se toma en cuenta que la veda es un instrumento rígido que, parcial o totalmente, impide el uso del agua hasta que se restablezca el ciclo hidrológico de una cuenca.

¿Privatización?

Para la doctora Mariana Villada, los decretos no representan un riesgo de que se privatice el agua, si se toma en cuenta lo que establece el artículo 27 de la Constitución Política; no obstante, considera que sí es necesario que la ciudadanía participe en la observación del destino del recurso hídrico en las 189 cuencas hidrológicas que se consideran en los recientes decretos presidenciales.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), como autoridad en la materia, determinó que un porcentaje de cada cuenca se destinará para asegurar el caudal ecológico y mantener sus funciones ecosistémicas, mientras que otro porcentaje se reservará para uso público-doméstico de las generaciones futuras, con base en proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) para 2070.

“Y queda libre otro porcentaje que es el que sí queda susceptible para concesiones, que pudiera estar disponible para un privado, entonces en realidad la controversia viene de ahí. Tenemos que revisar cuenca por cuenca para ver cuándo se hicieron los últimos estudios de disponibilidad de agua, para ver cuánta agua hay”.

Mariana Villada consideró que emitir una cantidad amplia de decretos de forma simultánea, que involucra consecuencias para un alto porcentaje de las cuencas hidrológicas del país, puede haber sido una de las principales causas de la suspicacia de la ciudadanía en torno a esta decisión.

“Prestemos atención a la solicitud de nuevas concesiones en las cuencas donde quedaron liberadas las vedas y se establecieron las reservas de agua, el agua para uso público urbano y ese porcentaje que queda disponible y sujeto a concesiones”, recomendó.

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